Nueva postal urbanaFoto: colombiansecurity.webnode.com.co

El viajero llega con la ilusión intacta. Trae en la maleta la expectativa de un descanso merecido, de noches tranquilas después de recorrer montañas, selvas, centros históricos o playas. Sin embargo, en muchas ciudades grandes y pequeñas de Colombia, una escena se repite con creciente frecuencia y rompe la promesa del descanso: en los alrededores de hoteles, hostales, zonas de rumba y espacios destinados al reposo, grupos de habitantes de calle se instalan sin control visible de las autoridades.

No se trata solo de una imagen urbana incómoda. Para muchos turistas —especialmente extranjeros— y para ciudadanos que buscan un lugar seguro donde dormir tras largas jornadas de trabajo, esta realidad se convierte en una experiencia de alerta constante. Colchones improvisados en aceras, fogatas nocturnas, consumo de sustancias y discusiones a altas horas de la noche transforman calles antes tranquilas en escenarios de incertidumbre.

En ciudades turísticas, donde la naturaleza y el patrimonio cultural son protagonistas, el contraste resulta más evidente. En pueblos que promocionan su silencio, su aire limpio y su cercanía con ríos o montañas, la presencia desbordada de habitantes de calle en zonas estratégicas genera una tensión inesperada entre el discurso turístico y la experiencia real del visitante. El canto de los pájaros al amanecer es reemplazado por gritos, y el olor a café recién hecho compite con el humo de fogatas improvisadas o drogas ilegales.

Para el viajero internacional, que muchas veces desconoce las complejidades sociales del país, la sensación de inseguridad aparece rápidamente. No es necesariamente el miedo al delito, sino la falta de control, de mediación y de acompañamiento institucional lo que inquieta. La pregunta surge en voz baja en recepciones de hoteles y hostales: ¿es seguro salir?, ¿es normal?, ¿hay alguien que se haga cargo de esta situación?

Los empresarios del turismo también lo sienten. Hoteles pequeños, alojamientos rurales y hostales urbanos ven cómo se afectan sus reseñas, su reputación y, en algunos casos, su ocupación. No por falta de encanto o calidad, sino por un entorno que escapa a su control. La naturaleza puede ser generosa y la arquitectura encantadora, pero el descanso —ese lujo silencioso que tanto se busca— se vuelve frágil.

La seguridad y el entorno urbano son factores decisivos para cualquier ciudad que aspire a consolidarse como destino turístico. En Colombia, tanto en grandes metrópolis como en ciudades intermedias, este desafío sigue siendo una asignatura pendiente. Bogotá, como capital y principal vitrina internacional del país, refleja con especial crudeza esa tensión entre atractivo cultural y deterioro del espacio público.

Desde la última administración de Enrique Peñalosa, la intervención del antiguo Bronx dejó una herencia compleja: una población de habitantes de calle dispersa por distintos sectores de la ciudad, sin una política integral y sostenida que articulara seguridad, atención social y recuperación urbana. El problema no fue solo el cierre de un enclave, sino la ausencia de una estrategia de largo plazo para lo que vino después.

Hoy, turistas y residentes reportan una sensación persistente de temor en zonas tradicionalmente emblemáticas como Las Aguas, la Carrera Séptima, Chapinero, el centro histórico y los alrededores de la Plaza de Bolívar. No se trata únicamente de percepción: la falta de control institucional, la presión para entregar limosnas o alimentos y la ocupación desordenada del espacio público generan incomodidad y, en algunos casos, situaciones de intimidación.

Durante la alcaldía de Claudia López, el fenómeno se agravó con la expansión de ventas informales y mercados improvisados que, lejos de revitalizar el centro, profundizaron el desorden y ahuyentaron a visitantes. La llamada “Calle Real” y sus alrededores ilustran bien esta contradicción entre discurso turístico y realidad cotidiana.

La pregunta sigue abierta: ¿quién asumirá la responsabilidad política de enfrentar esta situación, ¿cómo se articularán seguridad y política social, y cuándo se tomará la decisión de recuperar el espacio público sin criminalizar la pobreza, pero tampoco abandonando a la ciudad a la improvisación? Sin respuestas claras, Bogotá corre el riesgo de normalizar un deterioro que afecta tanto a sus habitantes como a quienes la visitan.

Sin embargo, esta crónica no puede reducirse a una mirada simplista. Detrás de cada persona en situación de calle hay historias de desplazamiento, pobreza, salud mental y abandono institucional. El problema no es su existencia, sino la ausencia de políticas claras, humanas y sostenibles que atiendan tanto a estas poblaciones como a quienes transitan y habitan las ciudades.

Colombia, país de biodiversidad infinita y hospitalidad reconocida, enfrenta aquí un desafío urgente: armonizar el desarrollo turístico con la gestión social del espacio público. El turismo de naturaleza y descanso no puede florecer donde reina la improvisación y el abandono. Tampoco puede construirse sobre la exclusión o la indiferencia.

El viajero, al final, no solo busca paisajes. Busca tranquilidad, seguridad y coherencia entre lo que se promete y lo que se vive. Y en esa ecuación, el cuidado de la ciudad —como ecosistema humano— es tan importante como la protección de un bosque o un río.

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