Hay decisiones judiciales que resuelven un caso. Y hay otras que, casi sin proponérselo —o quizá proponiéndoselo—, terminan dibujando las reglas de juego de toda una actividad económica. Una reflexión publicada en LinkedIn sobre la Sentencia T-241 de 2026 dejó una pregunta incómoda: ¿la Corte Constitucional está protegiendo los derechos de quienes participan en contenidos digitales o, sin proponérselo, está comenzando a legislar sobre periodistas, podcasters e influencers? De esa inquietud nace esta columna. #¿QuiénRegulaAlPeriodismo? La Corte, el micrófono y la nevera: ¿quién regula a los creadores de contenido?
Protección o legislación
La Sentencia T-241 de 2026 de la Corte Constitucional pertenece a esta segunda categoría y debería provocar una conversación mucho más amplia entre periodistas, medios digitales, podcasters, influencers y creadores de contenido.
El punto de partida es legítimo: proteger la intimidad, la propia imagen y el consentimiento de las personas que participan en contenidos audiovisuales. Nadie debería ser expuesto públicamente sin conocer razonablemente qué se hará con su imagen, sus declaraciones y, especialmente, con información íntima o sensible.
El problema aparece cuando esa protección comienza a convertirse en una especie de manual de instrucciones para ejercer el periodismo digital.
La monetización
Entre los elementos que la Corte considera relevantes para un consentimiento informado aparece la existencia o no de monetización del contenido. Y aquí surge una pregunta incómoda:
¿Desde cuándo ganar dinero con una entrevista necesita una explicación especial para que el consentimiento sea válido? Un periodista trabaja con información. Un productor trabaja con contenidos. Un medio necesita ingresos para pagar periodistas, cámaras, edición, transporte, servidores, estudios y, sí, también el arriendo y la nevera.
Un podcaster puede financiar su programa mediante publicidad. Un creador puede obtener ingresos de YouTube, TikTok, Instagram, Spotify o de sus propios patrocinadores. No hay nada vergonzoso en ello.
Por supuesto, otra cosa es ocultar deliberadamente una finalidad comercial cuando esa circunstancia pueda afectar materialmente el consentimiento de una persona. Pero convertir la monetización en una suerte de advertencia obligatoria plantea un problema distinto: ¿Estamos protegiendo a la fuente o estamos empezando a regular judicialmente el modelo económico del periodismo y de la creación de contenidos?
Aquí aparece el verdadero debate constitucional
La Constitución protege simultáneamente derechos que pueden entrar en tensión: la intimidad y la propia imagen, pero también la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de prensa.
El desafío consiste en encontrar el equilibrio, no en permitir que un derecho termine anulando al otro.
Y hay una pregunta todavía más delicada: cuando el legislador no ha establecido de manera específica un régimen para influencers, podcasters y creadores digitales, ¿hasta dónde puede llegar la Corte Constitucional para llenar ese vacío mediante una sentencia de tutela?
Porque una cosa es interpretar la Constitución y otra, muy diferente, es terminar construyendo desde los tribunales las reglas detalladas de funcionamiento de una industria.
Esto no significa afirmar que la Corte haya cometido prevaricato. El término tiene un significado jurídico preciso y exige que un servidor público profiera una decisión manifiestamente contraria a la ley.
Una sentencia polémica, discutible o incluso equivocada no se convierte automáticamente en delito.
Precisamente por eso el debate debería ser más serio
La pregunta no es si los magistrados “saben” o “no saben” cómo funciona un pódcast. La pregunta es si una decisión judicial puede terminar imponiendo nuevas cargas a una actividad que hasta ahora se ha desarrollado dentro de un marco tecnológico y económico que evoluciona mucho más rápido que la legislación.
Hoy puede ser la monetización. Mañana podrían ser los patrocinios, los algoritmos, los contratos con plataformas, las audiencias internacionales, la inteligencia artificial o la utilización de fragmentos de una entrevista en nuevos formatos.
¿Quién establecerá esos límites?
¿El Congreso, mediante una ley debatida públicamente? ¿Las plataformas, mediante sus condiciones de uso? ¿Los periodistas y creadores mediante códigos éticos? ¿O los tribunales, caso por caso?
La Corte Constitucional tiene una función esencial en una democracia: proteger los derechos fundamentales y controlar los excesos del poder.
Pero precisamente por la enorme autoridad que posee, también debemos preguntarnos dónde termina la interpretación constitucional y dónde comienza la creación de nuevas reglas para la sociedad.
Los creadores de contenido no viven del aire.
Y el periodismo tampoco.
Si la sociedad quiere proteger a quienes entregan su voz, su imagen o su historia frente a una cámara, hagámoslo.
Pero hagámoslo sin convertir la actividad periodística en un territorio donde cada micrófono necesite primero un permiso jurídico y cada ingreso obtenido deba presentarse como una confesión.
Porque detrás de cada podcast, cada entrevista y cada medio digital hay algo que también merece protección constitucional: la libertad de informar y el derecho de quienes informan a poder vivir de su trabajo.
Fuentes:
- Nota periodística suministrada por Gustavo Melo Barrera*
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