En la política colombiana las traiciones ya no se susurran en los pasillos oscuros. Se notifican por correo institucional. Llegan con membrete oficial, con firmas digitales, con un lenguaje aséptico que pretende parecer neutral. No hay puñales: hay resoluciones. No hay complots nocturnos: hay autos judiciales. Ese es, quizá, el verdadero beso de Judas de nuestro tiempo: el que se disfraza de legalidad.
Narrativa circulante
Durante semanas se ha repetido una historia conveniente. Que el oficialismo está roto. Que los aliados del Gobierno se despedazan. Que el Pacto Histórico perdió cohesión y que la locomotora del cambio se quedó sin combustible. La narrativa circula con insistencia, amplificada por micrófonos y columnas alarmistas.
Pero basta mirar el tablero con calma para notar algo distinto.
Los que parecen más golpeados no son los partidos que respaldan al Gobierno. Son, paradójicamente, los partidos tradicionales.
Las decisiones del Congreso, de las altas cortes, del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría —instituciones donde históricamente han tenido asiento las élites políticas de siempre— han terminado por revelar una verdad incómoda: el viejo establecimiento ya no marca el ritmo de la calle. Y cuando el poder siente que pierde el control del voto, suele refugiarse en la trinchera jurídica.
Un arte silencioso (y peligroso)
No es nuevo. Colombia ha perfeccionado un arte silencioso: intentar resolver en los despachos lo que no se logra en las urnas.
Cada revisión de candidaturas, cada interpretación restrictiva del reglamento, cada polémica sobre plazos o avales produce un efecto que va más allá del tecnicismo. En el imaginario ciudadano se instala una sospecha corrosiva: ¿la ley se aplica con neutralidad o con cálculo político?
Ahí empieza el desgaste
Las autoridades electorales existen para garantizar confianza. Cuando sus decisiones parecen inclinar la balanza —aunque estén envueltas en formalidades impecables— esa confianza se erosiona. Y sin confianza, la democracia se convierte en un campo minado donde todo resultado será cuestionado.
Lo paradójico es que la estrategia puede estar resultando contraproducente para quienes intentan frenar al bloque progresista. En lugar de debilitarlo, las actuaciones percibidas como obstructivas han reforzado la idea de que el cambio incomoda. Y pocas cosas movilizan tanto como la sensación de injusticia.
Mientras tanto, la supuesta “implosión” del oficialismo suena más a deseo que a diagnóstico. Sí, hay tensiones. Toda coalición diversa las tiene. Pero convertir cada desacuerdo en ruptura definitiva responde más a la ansiedad de la oposición que a la realidad política.
Subestimar el respaldo popular nunca ha sido un buen negocio
El votante común quizá no siga los vericuetos jurídicos, pero sí percibe cuándo siente que le están bloqueando una decisión colectiva. Y cuando la gente cree que le cierran las puertas institucionales, empieza a tocar otras. De ahí que palabras como “reforma profunda” o “constituyente” vuelvan a asomar en la conversación pública, no como capricho, sino como síntoma de un malestar más hondo con las reglas heredadas.
No se trata de atajos ni de revancha. Las transformaciones deben ser legales y amplias. Pero tampoco puede sorprender que una ciudadanía que se siente limitada por estructuras diseñadas por las viejas élites quiera rediscutir el contrato.
El beso de Judas puertas adentro
Lo irónico es que el drama más crudo no se vive en el oficialismo, sino dentro de la oposición. En el Centro Democrático, figuras como María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño compiten por el mismo espacio mientras la sombra de Álvaro Uribe ya no ordena como antes. En Cambio, Radical, el liderazgo de Germán Vargas Lleras luce más defensivo que dominante. Liberales y conservadores alternan entre alianzas tácticas y fracturas históricas. Y los llamados partidos de centro se fustigan entre sí sin lograr un consenso mínimo. Las precandidaturas mediáticas —de periodistas convertidos en aspirantes a herederos de viejas casas políticas— parecen más duelos personales que proyectos colectivos. Para Uribe, Vargas Lleras, Pastrana, Gaviria o Duque, el viacrucis es de legitimidad, no solo de votos. El desgaste interno, lejos de debilitar al Gobierno, podría terminar regalándole oxígeno.
Al final, el principio democrático es brutal en su sencillez:
La soberanía reside en el pueblo
Los partidos tradicionales, acostumbrados durante décadas a administrar el Estado como patrimonio familiar, hoy enfrentan una ciudadanía menos leal y más escéptica. Intentar frenar esa marea desde escritorios judiciales o maniobras reglamentarias puede ofrecer una ilusión de control, pero rara vez cambia el resultado.
Tal vez por eso la metáfora del beso de Judas merece invertirse.
Quizá el gesto ya no traiciona al inocente, sino que termina delatando al poderoso. Cada intento de bloquear, cada jugada excesiva, cada maniobra percibida como ventajosa no debilita al adversario: lo fortalece, porque lo convierte en víctima ante los ojos del electorado.
Cuando la política se dedica a cerrar caminos en lugar de persuadir, el veredicto llega por la única vía que no admite apelaciones: Las urnas.
Y allí, como siempre, la última palabra no la tienen los magistrados ni los jefes de partido. La tiene la gente.
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